Los bancos estadounidenses que denieguen sus servicios a empresas relacionadas con las criptomonedas podrían enfrentarse pronto a consecuencias normativas, ya que, según se informa, el expresidente Donald Trump se dispone a firmar una orden ejecutiva contra las prácticas de «desbancarización». Según The Wall Street Journal, el borrador de la orden tiene por objeto prohibir a las instituciones financieras cerrar cuentas por motivos ideológicos o políticos, una medida destinada a proteger a los conservadores, las empresas de criptomonedas y otros sectores que denuncian la exclusión financiera.
La orden ejecutiva ordenaría a los principales organismos reguladores, entre ellos la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), que investiguen si el cierre de dichas cuentas viola leyes vigentes, como la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, las leyes antimonopolio o los marcos de protección al consumidor. Las medidas de aplicación podrían incluir multas, decretos de consentimiento u otras sanciones reglamentarias.
Aunque no se limita a los activos digitales, la iniciativa se alinea con los esfuerzos para desmantelar lo que se ha denominado «Operación Choke Point 2.0», un término utilizado por los críticos para describir los esfuerzos percibidos por la administración Biden para desconectar a las empresas de criptomonedas de los servicios bancarios tradicionales. La Operación Choke Point original, lanzada en 2013, buscaba restringir el acceso a la banca a industrias consideradas de alto riesgo, como la venta de armas de fuego.
Los participantes en la industria de las criptomonedas llevan mucho tiempo afirmando que los bancos utilizan el riesgo regulatorio y la preocupación por el blanqueo de capitales como pretextos para denegar los servicios. La medida ejecutiva prevista es coherente con el mensaje de la campaña de Trump, que incluía promesas de poner fin a la hostilidad regulatoria hacia las criptomonedas.
El WSJ informa de que la orden también exigiría a los reguladores eliminar las políticas internas que contribuyen a la desbancarización y ordenaría a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) revisar las prácticas de sus socios crediticios. Además, las infracciones podrían remitirse al Departamento de Justicia para que se emprendan acciones legales.
En respuesta a la creciente presión, varios bancos han revisado sus políticas internas y se han reunido con fiscales generales republicanos para afirmar que no aplican prácticas discriminatorias. La Reserva Federal, la OCC y la FDIC ya se han comprometido a dejar de utilizar el «riesgo reputacional» como factor para evaluar las relaciones con los clientes.
A pesar de estos avances, los líderes del sector de las criptomonedas siguen denunciando la discriminación percibida. Figuras del sector como Marc Andreessen y Tyler Winklevoss han criticado recientemente a los bancos por restringir el acceso o imponer comisiones onerosas a las empresas de activos digitales, calificando esta práctica como una continuación de la «Operación Choke Point 3.0». La orden ejecutiva podría emitirse esta misma semana, aunque The Wall Street Journal señala que sigue sujeta a cambios en función de las deliberaciones internas de la Casa Blanca.
